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  • Nicaragua Honduras Rep blica Dominicana Chile y

    2018-10-22

    Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Chile y El Salvador prohíben el aborto de manera absoluta. En este último país, Bleomycin Sulfate través de dos reformas —una realizada al Código Penal y otra a la Constitución— se penalizó el aborto en todas sus formas desde 1998, con lo cual se castiga a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y con 12 al personal médico que realiza la intervención. Sin embargo, el Código Penal vigente antes de esta fecha tipificaba el aborto como un delito, pero regulaba situaciones excepcionales que no merecerían sanciones, como la violación y el riesgo para la vida de la madre. Estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud indican que en El Salvador el aborto inseguro es una de las cinco principales causas de muerte de mujeres entre los 15 y 44 años de edad (). El padecer de Beatriz, una joven campesina salvadoreña que en marzo de 2013 solicitó la interrupción de su embarazo, generó un debate público que trascendió el nivel nacional y reflejó una vez más la intolerancia de ciertos sectores sociales que tratan de imponer su lógica y sus valores morales al conjunto de la población. Beatriz. Principales hechos ocurridos entre marzo y junio de 2013 Después de dos semanas de padecer una complicada situación de salud que incluía, entre otros síntomas, hipertensión, fiebre alta y dolor articular, el 2 de marzo de 2013, Beatriz, de 22 años, quien padecía lupus eritematoso discorde, fue ingresada en un hospital de San Salvador. En alguna medida este cuadro obedecía a que, frente a la sospecha de estar embarazada, había suspendido los medicamentos prescritos para controlar la enfermedad crónica que le habían diagnosticado años atrás. El 22 de marzo, el jefe de la Unidad Jurídica del Hospital Público Nacional Especializado de Maternidad envió un escrito a la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia señalando que la paciente presentaba un embarazo de alto riesgo por lo que era “de vital importancia realizarle un procedimiento médico, ya que, de no hacerlo, existía una alta probabilidad de muerte materna”. En consecuencia, se solicitaba “el pronunciamiento de la autoridad o institución competente, ya que de no proceder quirúrgicamente corría extremo peligro la vida de la paciente” (Freedman 2013). Frente a glucagon la falta de respuesta de las autoridades, once días después Beatriz, con el apoyo de un grupo de activistas de Derechos Humanos y de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (acdatee), pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (csj) que otorgara un respaldo legal al personal del Hospital Nacional Especializado de Maternidad para que pudiera practicarle un aborto terapéutico y presentó un recurso de amparo a su favor, abogando por el cumplimiento del artículo 2° de la Constitución de la República de El Salvador, el cual garantiza el derecho a la vida, a la integridad física y moral de las personas. Dos días después, el 12 de abril, el Comité Médico del citado hospital consideró y acordó la finalización de la gestación, señalando también que este procedimiento contravenía la legislación vigente en el país. De inmediato, la doctora María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, dirigió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia apoyando el recurso de amparo de Beatriz al informarle que era urgente adoptar un “abordaje médico-legal”, porque “la condición de la paciente se deterioraba con la progresión del embarazo” (Freedman 2013). En este contexto, con el apoyo de La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (cejil), se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Antes de remitir el caso a la Corte Interamericana, la cidh emitió medidas cautelares para que el Estado salvadoreño siguiera las recomendaciones del Comité Médico respecto a la interrupción del embarazo.